Primitivo Gil -Director.
El próximo vencimiento del primer período de funciones de ocho magistrados de la Suprema Corte de Justicia marca un momento clave para la institucionalidad del país. No se trata de un simple relevo administrativo, sino de un proceso profundamente vinculado a la credibilidad del sistema judicial dominicano. La evaluación de estos jueces, encabezados por su presidente, Luis Henry Molina Peña, debe asumirse como un ejercicio serio, transparente y oportuno.
La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 180, establece con claridad que los magistrados de las altas cortes deben ser evaluados al concluir su período de siete años. Este mandato no es decorativo: responde a la necesidad de garantizar que quienes administran justicia lo hagan con apego a la ley, independencia y eficiencia. Sin embargo, preocupa que hasta la fecha no se haya convocado al Consejo Nacional de la Magistratura, órgano responsable de llevar a cabo esta evaluación.
Más allá del cumplimiento formal, este proceso representa una oportunidad para medir el impacto real de las decisiones judiciales en la vida democrática del país. Durante estos años, la Suprema Corte ha enfrentado retos importantes: modernización del sistema, acceso a la justicia, y fortalecimiento de la transparencia. Evaluar estos aspectos permitirá determinar si los avances han sido suficientes o si aún quedan deudas pendientes con la sociedad dominicana.
A esta coyuntura se suma la evaluación de tres magistrados que han agotado dos períodos consecutivos, acumulando 14 años en funciones. Este hecho abre el debate sobre la renovación judicial y la necesidad de equilibrar experiencia con nuevas visiones. La permanencia prolongada en altas cortes puede ser positiva en términos de estabilidad, pero también exige un escrutinio aún más riguroso sobre el desempeño y la independencia de criterio.
Los jueces designados en 2019, entre ellos Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno y Nancy Salcedo Fernández, forman parte de una generación llamada a consolidar una justicia más cercana al ciudadano. Por ello, la evaluación no debe limitarse a aspectos técnicos, sino incluir variables como la percepción pública, la ética judicial y la capacidad de respuesta ante los desafíos contemporáneos.
El país necesita señales claras de fortalecimiento institucional. La convocatoria oportuna del Consejo Nacional de la Magistratura no solo cumpliría con un mandato constitucional, sino que enviaría un mensaje de respeto al Estado de derecho. Postergar este proceso podría generar incertidumbre y debilitar la confianza en el sistema judicial.
En definitiva, la evaluación de los jueces de la Suprema Corte no debe verse como una amenaza, sino como una garantía de calidad democrática. Es el momento de reafirmar que en la República Dominicana la justicia no solo se ejerce, sino que también se examina, se corrige y se fortalece en beneficio de todos.
En resumen, el plazo ya venció hoy mismo — el 5 de abril de 2026 — para los 11 jueces que incluyen al presidente Luis Henry Molina. Ahora corresponde al presidente Abinader convocar al CNM para iniciar el proceso de evaluación y decidir sobre su ratificación o sustitución.
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