Lic. Primitivo Gil periodista Director TPM.
Una reflexión desde los medios ante la delincuencia, la desigualdad, la impunidad y la pérdida de valores que desafían a la sociedad dominicana
Por Primitivo Gil
Director de Medios / Editorial.
La República Dominicana atraviesa uno de esos momentos en que la sociedad debe detenerse, mirarse al espejo y preguntarse, con honestidad, qué está ocurriendo y qué estamos haciendo para impedir que la delincuencia, la violencia, la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la pérdida de valores terminen convirtiéndose en parte de nuestra normalidad. Estos fenómenos no surgieron de la noche a la mañana ni responden a una sola causa; son el resultado de múltiples factores sociales, económicos, familiares, institucionales y culturales que se han acumulado con el paso del tiempo. Por eso, buscar un único responsable puede resultar tan cómodo como insuficiente.
Durante años hemos escuchado que “la culpa es de la familia”, y ciertamente el hogar constituye la primera escuela de valores. Allí deberían comenzar el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la disciplina, el amor al trabajo y el respeto por la vida y las normas. Pero debemos preguntarnos: ¿podemos responsabilizar exclusivamente a la familia de todo lo que ocurre en nuestra sociedad? Nuestra respuesta es no. Un niño crece dentro de un hogar, pero también dentro de una comunidad, una escuela y una sociedad que permanentemente le transmite mensajes. Las redes sociales, los medios de comunicación, los líderes políticos, los referentes económicos y el comportamiento de quienes ocupan posiciones de poder también educan. La sociedad completa está formando «para bien o para mal» a sus nuevas generaciones.
Por eso, cuando un joven observa que el dinero fácil parece recibir más reconocimiento que el trabajo honrado, cuando contempla que determinados comportamientos indebidos pueden producir beneficios o cuando percibe que las consecuencias de violar la ley dependen de quién sea el infractor, no podemos mirar únicamente hacia el hogar. Las estadísticas oficiales son indispensables para diseñar políticas públicas y evaluar resultados, pero también debemos escuchar la experiencia cotidiana de la población. Una cifra nacional puede mostrar una tendencia mientras una comunidad continúa sintiéndose vulnerable. Necesitamos estadísticas confiables, transparentes y actualizadas, pero también necesitamos caminar los barrios, escuchar a las víctimas, conocer las condiciones de nuestras escuelas y comprender las causas que están detrás de determinados comportamientos. La realidad social no puede medirse únicamente desde una oficina.
Reconocemos el trabajo de los organismos de seguridad y de los hombres y mujeres que diariamente arriesgan sus vidas para proteger a la ciudadanía. Sin embargo, debemos entender que la seguridad no puede descansar exclusivamente sobre la respuesta policial. La Policía puede perseguir al delincuente, pero difícilmente puede resolver por sí sola las causas que producen delincuencia. Se necesita inteligencia, investigación criminal, tecnología, profesionalización, prevención y coordinación institucional, pero también educación, empleo digno, deporte, cultura, formación familiar, atención comunitaria y oportunidades para los jóvenes. Una política de seguridad verdaderamente sostenible no debe limitarse a perseguir al próximo delincuente: debe trabajar para que muchos jóvenes nunca lleguen a convertirse en delincuentes.
Y llegamos a un principio que no debería admitir excepciones: la ley debe ser igual para todos. No puede existir una justicia severa para el ciudadano sin recursos y una justicia negociable para quien dispone de dinero, influencia, conexiones o poder. Si un ciudadano comete un delito, debe responder conforme al debido proceso; pero si un funcionario, empresario, profesional, dirigente o cualquier persona con poder económico utiliza su posición para apropiarse de recursos públicos, cometer fraude, lavar dinero, corromper funcionarios o proteger estructuras criminales, también debe responder ante la justicia. La condición social no puede determinar la intensidad de la ley. La justicia debe buscar la verdad, sin apellido, sin color y sin privilegios.
La lucha contra la criminalidad tampoco puede detenerse en el último eslabón de una estructura delictiva. No basta con perseguir al joven que ejecuta una orden mientras permanecen fuera de investigación quienes financian, organizan, suministran, protegen, facilitan o lavan las ganancias de esas actividades. La verdadera lucha contra el crimen organizado exige llegar a quienes hacen posible que esas estructuras existan. Lo mismo debe aplicarse a la corrupción: no importa el apellido, el cargo, la cuenta bancaria ni la influencia. Si existen indicios de delito, corresponde investigar y, cuando proceda, establecer responsabilidades conforme a la ley. No puede haber escudos para unos ni impunidad para otros.
Pero una sociedad responsable tampoco puede limitarse a castigar. Debe crear oportunidades para quienes, después de cumplir las consecuencias de sus actos, demuestran voluntad de reconstruir sus vidas. La reinserción social no significa impunidad; significa ofrecer herramientas para evitar que una persona quede atrapada permanentemente en un ciclo de cárcel, reincidencia y delito. Educación técnica, capacitación, empleo, deporte, cultura, orientación y acompañamiento pueden convertirse en instrumentos fundamentales para recuperar vidas. Una segunda oportunidad responsable puede resultar mucho más beneficiosa para la sociedad que abandonar a una persona a un destino marcado por la exclusión y la reincidencia.
Ahora bien, reconocer que existen factores sociales e institucionales no significa liberar a la familia de su responsabilidad. Los padres deben saber dónde están sus hijos, con quién se relacionan, qué contenidos consumen y cuáles son sus referentes. Debemos recuperar algo que no cuesta dinero: la conversación familiar. Enseñar que trabajar dignamente es motivo de orgullo; que respetar al otro no es debilidad; que robar sigue siendo robar aunque alguien intente justificarlo; que mentir para obtener ventaja no es inteligencia y que tener dinero no convierte automáticamente a una persona en ejemplo de éxito. La reconstrucción social también comienza en la mesa de cada hogar.
La clase política tiene, igualmente, una responsabilidad histórica. Gobernar no consiste únicamente en administrar presupuestos, inaugurar obras o ganar elecciones; también significa construir ciudadanía, fortalecer instituciones, garantizar servicios públicos, promover educación de calidad, crear oportunidades y combatir la corrupción. Pero existe un elemento todavía más poderoso: el ejemplo. Resulta difícil exigir honestidad al ciudadano común cuando observa comportamientos cuestionables en quienes ocupan posiciones de autoridad. La ética pública debe reflejarse en las actuaciones de quienes tienen responsabilidades de Estado, porque las sociedades también aprenden observando a sus dirigentes.
El sector empresarial tampoco puede permanecer al margen. La empresa dominicana, además de generar riqueza y empleo, tiene capacidad para convertirse en un instrumento de transformación social mediante la formación de jóvenes, el primer empleo, la capacitación técnica, la responsabilidad social y el desarrollo de las comunidades. Y la ciudadanía también debe asumir su parte: quien paga para saltarse una norma, compra mercancía de procedencia dudosa, utiliza conexiones para obtener privilegios, guarda silencio ante un acto de corrupción, comparte información falsa o celebra el enriquecimiento ilícito contribuye, aunque sea en distinta escala, a normalizar prácticas que deterioran la convivencia. No podemos exigir una sociedad diferente mientras reproducimos individualmente aquello que criticamos colectivamente.
Tal vez haya llegado el momento de comenzar nuevamente, no porque todo esté perdido, sino porque todavía estamos a tiempo. Necesitamos recuperar principios elementales que nunca debieron perderse: honestidad, respeto, responsabilidad, trabajo, solidaridad, disciplina, tolerancia, amor por la patria y respeto absoluto por la vida y la dignidad humana. Ese esfuerzo debe comenzar en los hogares, continuar en las escuelas y universidades, fortalecerse en los centros técnicos, las iglesias y las organizaciones comunitarias, y recibir respaldo de los medios de comunicación, las empresas y las instituciones públicas. La transformación de una sociedad no ocurre de un día para otro; comienza cuando los valores dejan de ser discursos y se convierten en conducta.
La República Dominicana tiene razones para creer en su capacidad de superación. Somos una sociedad trabajadora, con talento, juventud, capacidad productiva y recursos humanos capaces de enfrentar grandes desafíos. Pero el verdadero desarrollo no puede medirse solamente por cuánto construimos, cuánto crece la economía o cuántas obras levantamos. También debemos preguntarnos qué sociedad estamos construyendo. Podemos modernizar ciudades y mantener desigualdades; podemos crecer económicamente y perder valores; podemos levantar grandes edificios mientras dejamos pendientes grandes problemas sociales. El desarrollo debe ser integral: económico, institucional, educativo, humano y moral.
Desde los medios no pretendemos tener todas las respuestas, pero sí tenemos el derecho y el deber de formular las preguntas: ¿queremos una sociedad donde la ley tenga excepciones?, ¿donde el dinero compre influencia?, ¿donde nuestros jóvenes crean que el camino rápido es mejor que el trabajo honrado?, ¿donde sigamos culpando únicamente a la familia?, ¿donde persigamos las consecuencias sin enfrentar las causas? Nosotros entendemos que ha llegado el momento de mirar el problema de frente, sin intereses particulares, sin privilegios y sin escudos. La República Dominicana necesita una cultura nacional de honestidad, principios, responsabilidad y respeto a la ley; una cultura donde la política sea servicio, el empresariado sea parte del desarrollo, la familia vuelva a ser escuela de valores, la educación abra oportunidades y la juventud encuentre caminos legítimos antes de que el delito pretenda ofrecérselos.
No se trata solamente de combatir la delincuencia. Se trata de construir una sociedad en la que delinquir deje de parecer una opción atractiva, rentable o inevitable. Ese es el verdadero desafío. Y si comenzamos hoy desde el hogar, la escuela, las empresas, las instituciones, los medios de comunicación y cada ciudadano todavía estamos a tiempo de entregar a nuestros hijos una República Dominicana más justa, más segura, más honesta y más humana. Porque la resiliencia de un pueblo no consiste únicamente en sobrevivir a sus crisis; consiste en aprender de ellas, corregir el rumbo y tener la voluntad de construir algo mejor. Esta es nuestra reflexión, esta es nuestra responsabilidad como medio y este es nuestro compromiso con la sociedad dominicana: justicia sin escudos, verdad sin excepciones, valores sin privilegios y honestidad desde cero.
Por Primitivo Gil
Director de Medios / Editorial
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