Migración cancela diez agentes y despacha a su dotación militar al encargado de la institución en Higuey tras denuncias de ciudadanos y miembros de DDHH.
Santo Domingo, RD.-
Tras ser informado sobre denuncias de supuestos excesos de la autoridad y alegadas acciones que riñen con la ley, el director general de Migración, Venancio Alcántara, dispuso la cancelación de 10 agentes de interdicción migratoria quienes prestaban sus servicios en Higüey, Bávaro, Boca Chica y San Pedro de Macorís.
En ese sentido, el funcionario informó que se dispuso una investigación respeto a las denuncias de alegados «macuteos» y abusos cometidos por agentes actuantes en los operativos realizados en la región Este del país, por lo que advirtió que bajo ninguna circunstancia permitirá que se empañe la imagen de la institución que dirige.
Así mismo, el titular de Migración, Venancio Alcántara, reveló que al ser informado sobre las denuncias, procedió a disponer la cancelación de los miembros de la institución, y el despacho inmediato a su dotación militar de un teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, además de la investigación de cada caso, tras indicar que actuarán en consecuencia de determinarse responsabilidad.
Las quejas vienen dadas de algunas juntas de vecinos y representantes de los derechos humanos, situación que según a explicó les han dado las atenciones debidas y oportunas para «erradicar el problema y que los responsables de estas anomalías sean sancionadas conforme lo establece las normas, porque en nuestra gestión no vamos a tolerar ese tipo de inconductas» sentenció.
La Dirección General de Migración (DGM), precisó que las investigaciones se llevan a cabo encabezadas por la Dirección Jurídica, Interdicción Migratoria, Inteligencia y otras divisiones de la institución, a los fines de establecer las reales circunstancias de lo denunciado.
El director general de Migración, reiteró que por instrucciones precisas del presidente de la República, Luis Abinader, su gestión tiene el firme compromiso de cumplir y hacer cumplir el mandato de la ley, bajo el escudo de la transparencia y la institucionalidad.
