ESTO TIENE QUE CAMBIAR…!


Por: Juan Cruz Triffolio.

Lo visto y escuchado durante la recién finalizada audiencia donde se
procuró establecer las medidas de coerción a los implicados en
diversos actos de corrupción, durante el pasado período de
gobernanza, encabezado por el licenciado Danilo Medina Sánchez,
obliga a replantearnos la necesidad de un nuevo modelo de sociedad
en la República Dominicana.
Es una muestra evidente de que algo anduvo mal en el manejo de los
recursos públicos y que en esa cuestionable y condenable práctica se
abrazaron representativos de los diversos sectores sociales, políticos y
económicos del país, demostrando no tener miramientos y escrúpulos
al momento de procurar continuar saturando sus arcas particulares.
Tal experiencia mueve a reflexionar sobre la peculiar manera cómo,
esencialmente, la cúpula política y representativos del sector
empresarial dominicano, alejados del pudor, la prudencia y el temor al
peso de la Ley, han pretendido, además de expoliar el bien público,
conducir la sociedad, descaradamente, a una especie de estercolero
de la peor calaña.
La pretendida alusión de inocencia y el referente de procurar exhibir
cualidades excepcionales como progenitores de familias, por parte de
varios de los implicados en la corruptela en cuestión, gracias a la vasta
experiencia y las responsabilidades que han asumido, tanto los
miembros del llamado Ministerio Público como el veterano y
ejemplarizante Magistrado Vargas, árbitro del proceso judicial, no hizo
posible la materialización de sus espurios propósitos, a pesar de tener
como soporte una barra de la defensa integrada por audaces y
avezados juristas.
Con su lógica expositiva, la validez de sus fehacientes pruebas
expuestas con fogosidad, alejadas del miedo y abrazadas al
compromiso ineludible de hacer justicia sin cortapisas, distanciándose

del odio y la retaliación, es innegable que, tanto la Magistrada Yeni
Berenice Reynoso como el doctor Wilson Camacho, por sólo hacer
referencia a parte del equipo de la defensa de los bienes del Estado,
alcanzaron coronarse con el privilegio del reconocimiento de los
hombres y mujeres dignos y ejemplarizantes de la nación de Duarte,
quienes ovacionaron estruendosamente su coraje, responsabilidad y
gallardía en el rescate y la preservación de los recursos del pueblo
dominicano.
De igual modo, aunque en otro plano, es de justicia reconocer la
prudencia, veteranía y habitual maestría expuesta, durante toda la
dilatada y pormenorizada audiencia, por el experimentado Magistrado
José Alejandro Vargas, jurista, quien sin necesidad de reprimendas y
con una parsimonia icónica, volvió a poner en evidencia su ineludible
compromiso y responsabilidades con el uso correcto de la toga, el
birrete y el respeto a la solemnidad que implica encabezar un proceso
en el sagrado espacio de una sala para administrar justicia, cimentado
en el respeto y el amor a la vida y la patria.
A todo lo anterior es necesario adherir el prudente y aleccionador
proceder de la pausada y eficiente Miriam Germán, Procuradora
General de la República, nacida en Salcedo, La Flor de la Patria,
quien, distanciada del protagonismo y el exhibicionismo, ha asumido
su rol jurídico con una responsabilidad paradigmática, propia de
quienes conocen el marcado peso que llevan en sus hombros y en la
conciencia.
En todo el esperanzador desempeño expuesto, superficialmente, es
innegable que ha jugado un papel de gran valía, sin injerencia alguna,
-hasta el momento-, la anunciada e insistente necesidad puesta de
manifiesto por el licenciado Luis Abinader Corona, mandatario de la
nación, en procura de que, en el país, se establezca y ejecute un
genuino régimen de justicia independiente de los demás estamentos
del Estado dominicano, marcando un interesante e inestimable
precedente.

En sentido general y sin exageración alguna, todo lo anterior obliga a
pensar que en la República Dominicana se perciben halagüeñas
señales que podrían terminar siendo el preludio del comienzo de la
alborada del cambio idealizado.
Se registran palmarios indicadores que inducen a pensar que si bien,
necesariamente, no ha empezado el fin de la codiciada impunidad, por
lo menos, es prudente concluir en que existen evidentes reflejos sobre
un proceso que procura marcar el precedente de dejar establecido,
responsablemente, que al Estado se va a trabajar y no a expoliar el
bien público, sin penalidades contundentes.
En esta dinámica, acatada y respaldada por diversos segmentos de la
población dominicana, vale decir que se envuelve de manera
sustancial la urgente necesidad de hacer realidad el cambio sin
recurrir a la inducción al odio, la insidia y la agresión física o verbal.
Sin pérdida de tiempo, la emergencia obliga a continuar en hacer
realidad, hasta donde sea posible, la apetecible cero impunidad,
ejerciendo la aplicación de justicia con amor, porque esto,
sinceramente, tiene que cambiar.
No hay de otra…

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Primitivo Gil

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