EDITORIAL | TODO EN EL PUNTO
Por Primitivo Gil, Director TPM.
Santo Domingo Este no es un municipio cualquiera. Es el más poblado del país, el más complejo en términos urbanos y sociales, y, por tanto, el mayor reto para cualquier administración municipal. A dos años de gestión del alcalde Dío Astacio, el contraste entre el discurso oficial y la realidad que viven miles de ciudadanos comienza a ser cada vez más evidente.
El reciente informe de rendición de cuentas presenta cifras que, en el papel, lucen positivas: ejecución presupuestaria por encima del 90 %, incremento en los ingresos municipales y mejoras en indicadores institucionales. Sin embargo, la gestión pública no se mide únicamente en estadísticas, sino en el impacto directo sobre la vida cotidiana de la gente. Y es precisamente ahí donde surgen las principales interrogantes.
La seguridad ciudadana, aunque no es una competencia exclusiva del cabildo, sigue siendo una de las mayores preocupaciones en sectores como Villa Duarte y Villa Liberación. La percepción de inseguridad crece, y con ella, la sensación de abandono institucional. Cuando los espacios públicos no transmiten confianza, cualquier avance en infraestructura o limpieza pierde valor ante el ciudadano.
A esto se suma el debate sobre la transparencia. Mientras la alcaldía exhibe resultados favorables en sistemas de monitoreo, voces autorizadas desde el ámbito legislativo cuestionan la veracidad y consistencia de esos indicadores, generando dudas razonables sobre la calidad del gasto y la rendición de cuentas. La transparencia no se proclama: se valida con datos consistentes, accesibles y verificables.
En el plano fiscal, la situación es aún más delicada. La percepción de que la administración ha intentado aumentar ingresos mediante cobros cuestionables o fuera del marco legal genera desconfianza en comerciantes y emprendedores, quienes sostienen buena parte de la economía local. La eficiencia recaudatoria no puede convertirse en presión desproporcionada sobre quienes ya enfrentan múltiples dificultades para operar.
Pero uno de los puntos más sensibles, y menos abordados con la claridad necesaria, es el gasto en publicidad institucional. En medio de múltiples carencias estructurales, resulta difícil de justificar una inversión elevada en promoción, mientras medios locales —que son la voz directa de las comunidades— denuncian una participación mínima en la distribución de la pauta. La comunicación gubernamental no debe ser un instrumento de posicionamiento político, sino una herramienta de servicio público, equilibrada e inclusiva.
Por otro lado, los problemas estructurales persisten: drenaje pluvial deficiente, inundaciones recurrentes, crecimiento urbano desordenado y desalojos que afectan a familias vulnerables. Estas no son situaciones nuevas, pero tampoco pueden seguir siendo excusas. Gobernar implica priorizar, y hoy muchos munícipes sienten que sus necesidades más urgentes no están en el centro de la agenda.
La construcción de una marca como “Costa del Faro” o la visibilidad de operativos puntuales pueden aportar a la imagen institucional, pero no sustituyen la gestión de fondo. El ciudadano no vive de narrativas: vive de soluciones concretas. Calles transitables, seguridad, orden urbano y servicios eficientes son los verdaderos indicadores de éxito.
Dío Astacio tiene aún tiempo y oportunidad para reorientar su gestión, fortalecer la confianza y cerrar la brecha entre lo que se dice y lo que se percibe. Pero el margen de tolerancia ciudadana no es infinito. En un municipio que demanda respuestas urgentes, gobernar bien no es una opción: es una obligación impostergable.
Santo Domingo Este no necesita más discursos. Necesita resultados.
— Primitivo Gil, Director Todo en el Punto (TPM)

