Por Primitivo Gil | Director de Todo en el Punto
Santo Domingo, República Dominicana.— Diversas organizaciones sociales, populares y ambientales anunciaron una jornada de movilizaciones a nivel nacional en rechazo a políticas gubernamentales que, según sostienen, impactan negativamente a los sectores más vulnerables de la población.
Como parte de estas acciones, los convocantes llamaron a participar en una marcha el viernes 24 de abril, a partir de las 10:00 de la mañana, desde el Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago. Asimismo, declararon el lunes 27 de abril como “Día Nacional de la Rebeldía”, fecha en la que se desarrollarán múltiples manifestaciones en distintas provincias del país.
Para esa jornada, se anunciaron paros de 24 horas en municipios como San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, iniciando a las 6:00 de la mañana. De igual manera, se prevé una concentración frente al Palacio Nacional, en el Distrito Nacional, junto a movilizaciones simultáneas en otras comunidades.
Las organizaciones denunciaron presuntos actos de represión ocurridos el pasado 19 de abril en la región del Cibao, así como el cerco policial en la residencia del dirigente popular José Mercado, en San Francisco de Macorís. En ese sentido, exigieron la liberación de activistas detenidos en esa demarcación y en Navarrete.
En el marco del 61 aniversario de la Revolución de Abril de 1965, los movimientos indicaron que estas protestas responden a un creciente descontento social frente a medidas que —afirman— trasladan el peso de la crisis económica a los sectores populares, la clase trabajadora y la clase media, mientras benefician a grandes intereses económicos.
Principales demandas
Entre las principales exigencias planteadas figuran la cancelación de proyectos mineros en las cordilleras Central y Septentrional, así como en el Bahoruco Oriental, vinculados a empresas como GoldQuest, Unigold y Belfond. También solicitan la paralización de la presa de colas de El Naranjo, en Sánchez Ramírez, y rechazan la instalación de un vertedero en la comunidad de Los Aguacates, en Pedro Brand.
Asimismo, demandan detener proyectos extractivos y energéticos sin lo que denominan “licencia social” en comunidades como Los Negros, en Azua, y Las Placetas, en San José de las Matas. A esto suman reclamos por el alto costo de la vida, los bajos salarios, la privatización de servicios públicos y la eliminación de privilegios fiscales.
Propuesta alternativa.
Las organizaciones también presentaron una propuesta de modelo socioeconómico orientado a la protección de los recursos naturales, el fortalecimiento de la producción agrícola, el impulso del turismo comunitario y el desarrollo de energías renovables. Además, promueven la defensa de los ríos y la soberanía alimentaria.
El documento está firmado por la Coordinadora Popular Nacional (CPN), junto a decenas de organizaciones sociales, ambientales, campesinas, feministas y comunitarias de todo el territorio nacional.
Información verificada en medios nacionales y digitales, incluyendo Listín Diario, Barrigaverde.net y AlMomento.net.
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