Por Primitivo Gil
Periodista Director de Todo en el Punto Multimedia.
Santo Domingo Este, RD – El diputado por la provincia Santo Domingo, Rafael Castillo, del partido Fuerza del Pueblo, denunció públicamente la falta de transparencia en la gestión del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), el municipio más poblado del país.
En declaraciones ofrecidas ante el busto del Patricio Juan Pablo Duarte y Díez, Castillo cuestionó severamente las ejecutorias de las actuales autoridades municipales, señalando múltiples irregularidades en la rendición de cuentas y en procesos administrativos clave.
Irregularidades señaladas
El legislador denunció que la alcaldía no rinde informes de gestión, manteniendo a la ciudadanía en total desconocimiento sobre las actuaciones del cabildo. «El municipio más grande del país carece de transparencia. Santo Domingo Este no conoce nada de las ejecutorias de la alcaldía», afirmó Castillo.
Entre las irregularidades específicas mencionadas destacan:
Designaciones cuestionables: El diputado señaló que funcionarios en posiciones de alta responsabilidad, como la Dirección de Planeamiento Urbano y la Contaduría, no cumplen con los perfiles requeridos por ley. Además, denunció que estas designaciones se realizaron sin el debido proceso de ternas que establece la legislación municipal.
Opacidad en licitaciones: Castillo reclamó información sobre la adquisición de furgones para el depósito de basura, cuestionando la ausencia de informes sobre las licitaciones, costos de adquisición y fabricantes de los equipos.
Ejecuciones presupuestarias irregulares: El legislador denunció que los expedientes de tres ejecuciones presupuestarias llegan a los concejales apenas horas antes de las sesiones, imposibilitando su estudio adecuado debido a que contienen cientos de páginas.
¿Quién es Rafael Castillo?
Rafael Castillo es diputado por la provincia Santo Domingo, electo bajo la boleta del partido Fuerza del Pueblo (FP), fundado por el expresidente Leonel Fernández. Castillo ha desarrollado una trayectoria política vinculada a la provincia Santo Domingo y se ha caracterizado por su labor fiscalizadora desde el Congreso Nacional.
Marco legal: Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios
La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece el marco normativo para la administración municipal en República Dominicana. Entre sus disposiciones más relevantes al caso denunciado por Castillo están:
Transparencia y rendición de cuentas: El artículo 84 establece que los ayuntamientos deben rendir informes trimestrales de gestión al Concejo Municipal y anuales a la comunidad, detallando ingresos, gastos y ejecución de proyectos.
Designación de funcionarios: La ley regula el proceso de selección de funcionarios municipales de confianza, estableciendo requisitos de idoneidad técnica y profesional para cargos especializados.
Proceso de ternas: Para ciertas posiciones clave, la legislación municipal establece procedimientos de selección mediante ternas presentadas al Concejo Municipal.
Contrataciones y licitaciones: El artículo 120 y siguientes regulan los procesos de compras y contrataciones municipales, exigiendo transparencia, publicidad y cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Función fiscalizadora del Concejo: La ley otorga al Concejo Municipal amplias facultades de fiscalización sobre la gestión del Síndico, incluyendo el derecho a recibir información oportuna y completa sobre las actuaciones del gobierno local.
Implicaciones
Las denuncias del diputado Castillo ponen en evidencia posibles violaciones a la normativa municipal vigente y plantean serias interrogantes sobre la gestión del ASDE, municipio que alberga a más de un millón de habitantes según proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
La falta de transparencia y rendición de cuentas no solo constituye una violación legal, sino que impide el ejercicio del control ciudadano y debilita la institucionalidad democrática local.
Hasta el momento, las autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Este no han emitido declaraciones en respuesta a los señalamientos del legislador.
La ciudadanía espera que estos cuestionamientos deriven en investigaciones formales y, de comprobarse las irregularidades, en las sanciones correspondientes conforme a derecho.
Video
Acerca del autor
