Santo Domingo.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró la nulidad de un proceso de compra realizado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) para la adquisición de lámparas LED de 150 watts y remitió el expediente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), tras documentar irregularidades calificadas como graves.
La decisión está contenida en la Resolución RIC-0038-2026, mediante la cual el órgano rector anuló el proceso de compra menor núm. ASDE-DAF-CM-2025-0091, destinado a la adquisición de luminarias para el alumbrado de parques y avenidas del municipio.
La medida fue adoptada luego de un recurso jerárquico interpuesto por la empresa Dos García, S.R.L., que alegó inconsistencias en la adjudicación.
Hallazgos de la DGCP
De acuerdo con la resolución, aunque la ficha técnica establecía que la adjudicación debía realizarse tomando en cuenta la calidad, durabilidad y menor precio ofertado, el contrato fue otorgado a una empresa cuya propuesta económica era superior a la presentada por la compañía recurrente.
Asimismo, la DGCP verificó que no fueron cargados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) el informe de evaluación de ofertas económicas ni otros documentos esenciales que evidenciaran el análisis técnico y financiero de las propuestas recibidas, lo que constituye una violación al principio de transparencia y publicidad consagrado en la Ley 340-06.
La resolución también establece que el acta de adjudicación, fechada el 12 de agosto de 2025, fue emitida por la encargada del Departamento de Compras y Contrataciones del cabildo, pese a que el Reglamento 416-23 dispone que las compras menores por debajo de los umbrales establecidos deben ser competencia de la Dirección Administrativa y Financiera, previa autorización de la máxima autoridad institucional.
Además, el acta no deja constancia de actuaciones relacionadas con la evaluación formal de las ofertas para determinar la empresa adjudicataria.
Remisión a la PEPCA
Ante las inconsistencias detectadas, la DGCP remitió el expediente a la PEPCA y a los órganos de control del gasto público para los fines correspondientes. El caso queda ahora bajo investigación en el marco de las normativas que rigen la contratación pública en la República Dominicana.
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