Comisión de alto nivel evalúa alternativas para solucionar problemáticas entrega vehículos retenidos en el Canódromo
Santo Domingo, R.D. –
Una comisión de instituciones del gobierno, encabezada por el ministro Jesús Vásquez Martínez, y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, acordó hoy examinar el estatus jurídico de todos los vehículos que se encuentran dentro del Centro de Retención Vehicular Canódromo El Coco, para realizar una entrega expedita a los ciudadanos que demuestren la documentación que los acrediten como sus legítimos propietarios.
El encuentro, realizado en la sede del Ministerio de Interior y Policía, fue con el objetivo de avanzar en los trabajos de elaboración de un plan para solucionar la problemática de la retención y devolución de vehículos en el Canódromo, bajo control de la Dirección General Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Entre las instituciones participantes, además de las antes citadas, están la Policía Nacional, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Dirección General de Aduanas (DGA), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Dirección General Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y Contraloría General de la República.
Se trata de la segunda reunión que se produce entre las autoridades y el Defensor del Pueblo tras investigaciones de manejo y retenciones irregulares de vehículos en las referidas instalaciones.
De igual forma, en un próximo encuentro, los órganos administrativos estarán designando distintos grupos de trabajo para cada centro de retención, con la finalidad de apoyar a la Contraloría General de la República en el levantamiento general de los vehículos y sus condiciones.
Participantes
En el encuentro participaron Jesús Vásquez Martínez, ministro de Interior y Policía; Pablo Ulloa, defensor del Pueblo; Luis Valdez, director de Impuestos Internos, el mayor general Eduardo Alberto Then, director general de la Policía Nacional; Rafael Arias, director del Intrant; general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la DIGESETT, y Catalino Correa, contralor General de la República.
