𝓜𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵 𝓑𝓻𝓲𝓽𝓸
𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂 / 𝑨𝒃𝒐𝒈𝒂𝒅𝒐
𝑻𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒂𝒓í𝒂 𝒅e 𝑨𝒆𝒓𝒐𝒏á𝒖𝒕𝒊𝒄𝒂 𝑪𝒊𝒗𝒊𝒍.
La calidad de una democracia no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones. También se refleja en la calidad del debate que tiene lugar en el Congreso Nacional, donde se discuten las leyes que regulan la vida económica, social e institucional del país.
Cada ley aprobada tiene efectos sobre millones de ciudadanos. Por ello, el debate legislativo no puede convertirse en un simple trámite político ni en una confrontación partidaria. Debe ser un ejercicio de análisis, deliberación y construcción de consensos orientado al interés nacional.
En las democracias más sólidas, los parlamentos cumplen tres grandes funciones: legislar con rigor técnico, representar a la ciudadanía y ejercer un control efectivo sobre la administración pública. Cuando alguna de estas funciones pierde fuerza, se resiente la calidad institucional del Estado.
La República Dominicana ha avanzado en la modernización de su marco jurídico y en iniciativas dirigidas a fortalecer la transparencia y la fiscalización del Congreso. Sin embargo, el reto continúa siendo elevar la calidad del debate parlamentario, promoviendo una mayor discusión técnica de los proyectos de ley, una participación más amplia de expertos y de la sociedad civil, y una evaluación más rigurosa de los impactos económicos y sociales de cada iniciativa.
Legislar no consiste únicamente en aprobar leyes. Significa comprender los problemas del país, estudiar evidencia, escuchar a los sectores involucrados y prever las consecuencias de las decisiones públicas. Una legislación de calidad exige análisis comparados, consultas, datos y visión de largo plazo.
El Congreso también debe consolidar su función de fiscalización. La rendición de cuentas fortalece la confianza ciudadana y permite verificar si las políticas públicas están produciendo los resultados esperados. La aprobación de mecanismos específicos para reforzar esta función constituye una oportunidad que deberá traducirse en prácticas efectivas y permanentes. Planteamiento éste a reconocer insistido por el periodico Diario Libre.
La deliberación parlamentaria debe trascender la lógica de las mayorías circunstanciales. La fortaleza de una democracia reside en la capacidad de debatir con argumentos, respetar las diferencias y construir acuerdos que beneficien al conjunto de la sociedad.
Para lograrlo, es necesario fortalecer la capacidad técnica de las comisiones legislativas, ampliar el uso de estudios de impacto, impulsar la participación ciudadana en los procesos de consulta, incorporar evidencia científica y evaluar periódicamente la eficacia de las leyes aprobadas.
La ciudadanía también tiene un papel fundamental. Una sociedad que exige mejores leyes, que participa en los debates públicos y que da seguimiento al trabajo legislativo contribuye a elevar la calidad de la representación democrática.
El desarrollo de la República Dominicana dependerá, en buena medida, de la capacidad de sus instituciones para producir normas que respondan a los desafíos del siglo XXI. Un Congreso que debate con profundidad, fiscaliza con independencia y legisla con visión de futuro fortalece el Estado de derecho y genera mayor confianza en la democracia.
La baja calidad del debate legislativo no depende de un solo factor. Es el resultado de varios elementos que pueden afectar la deliberación democrática y la elaboración de mejores leyes. Algunos de los más importantes son:
1. Predominio del interés partidario sobre el interés nacional. Las posiciones se fijan por disciplina política antes que por el análisis del contenido de los proyectos.
2. Insuficiente discusión técnica. Muchos proyectos requieren estudios económicos, sociales, jurídicos y ambientales más profundos antes de su aprobación.
3. Escasa evaluación de impacto legislativo. Con frecuencia no se analiza de manera sistemática cuánto costará una ley, cómo se implementará o cuáles serán sus efectos sobre la ciudadanía y la economía.
4. Limitada participación ciudadana. Las universidades, gremios, organizaciones sociales, sectores productivos y especialistas no siempre participan de manera amplia en la discusión de iniciativas relevantes.
5. Debilidad de las comisiones legislativas. Cuando las comisiones no cuentan con suficiente apoyo técnico o tiempo para estudiar los proyectos, el debate en el pleno pierde profundidad.
6. Exceso de confrontación política. El debate puede centrarse en desacreditar adversarios en lugar de examinar el contenido de las propuestas.
7. Uso insuficiente de evidencia y datos. Las mejores decisiones públicas se sustentan en estadísticas, investigaciones y experiencias comparadas. Cuando predominan las opiniones sin respaldo, disminuye la calidad de la legislación.
8. Poco seguimiento a las leyes aprobadas. No basta con legislar; también es necesario evaluar si las normas están cumpliendo los objetivos para los cuales fueron creadas.
9. Débil función de fiscalización. El Congreso no solo legisla; también debe supervisar la gestión del Poder Ejecutivo mediante interpelaciones, investigaciones y seguimiento al uso de los recursos públicos.
10. Falta de una visión estratégica de Estado. El debate suele concentrarse en problemas inmediatos y no siempre incorpora los grandes desafíos del futuro, como la transformación digital, la inteligencia artificial, el cambio climático, la productividad, la transición energética, el envejecimiento poblacional o la competitividad internacional.
La fortaleza de una democracia no depende únicamente de cuántas leyes aprueba su Congreso, sino de la calidad del debate que precede a cada una de ellas. Cuando el debate es profundo, transparente y sustentado en evidencia, las leyes fortalecen el desarrollo; cuando es superficial o dominado por la coyuntura política, el país pierde una oportunidad para construir mejores instituciones.
Porque, en definitiva, la calidad de nuestras leyes dependerá de la calidad de nuestros debates. Y la calidad de nuestra democracia dependerá, en gran medida, de la capacidad de nuestras instituciones para deliberar con responsabilidad, transparencia y compromiso con el interés nacional.
El autor titular Secretaría de Aeronáutica Civil (SAC) de la FP
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