Legislador considera que la iniciativa podría debilitar la transparencia, reducir la inversión en obras y abrir espacio a un manejo poco responsable de los fondos municipales.
Por Primitivo Gil, director
20 de enero de 2026
SANTO DOMINGO, RD. – El proyecto de ley sometido por el senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun, representante de la provincia San José de Ocoa, que propone una nueva modificación al artículo 21 de la Ley núm. 176-07, ha generado atención y preocupación en sectores políticos y municipales, al tratarse de una normativa clave para la distribución y el uso de los recursos de los ayuntamientos y juntas de distritos municipales.
La iniciativa, conocida en la sesión del Senado del 27 de noviembre de 2025, busca introducir cambios adicionales a un artículo que ya había sido reformado mediante la Ley núm. 75-25, del 5 de agosto de 2025. Según el proponente, la reforma pretende otorgar mayor flexibilidad administrativa a los gobiernos locales, permitiéndoles responder con mayor agilidad a las demandas de sus comunidades.
No obstante, al referirse a este proyecto, el diputado Rafael Castillo expresó serias reservas y advirtió sobre los riesgos que implicaría su aprobación en los términos planteados, especialmente en lo relativo a la transparencia, el control del gasto y la inversión municipal.
Castillo señaló que la modificación podría otorgar un margen excesivo de discrecionalidad a los alcaldes en el manejo de los fondos públicos, debilitando los controles que hoy establece la Ley 176-07. A su juicio, esto podría abrir espacio a prácticas administrativas poco responsables y alejar el presupuesto municipal de su verdadero objetivo: resolver los problemas estructurales de las comunidades.
Uno de los aspectos más críticos señalados por el legislador es el aumento del porcentaje destinado a la nómina, que pasaría de un 25 % a un 30 %, lo que, según explicó, reduciría significativamente los recursos disponibles para inversión en obras, servicios y proyectos comunitarios. “Muchos ayuntamientos ya tienen una nómina sobredimensionada; aumentar ese porcentaje es hipotecar el desarrollo municipal”, advirtió.
El diputado también expresó que la propuesta contradice los principios de transparencia y buen manejo de los fondos públicos que ha promovido el presidente Luis Abinader, al alertar que un uso más flexible del presupuesto, sin controles claros, podría facilitar la corrupción y el despilfarro de los recursos municipales.
Castillo insistió en que el problema de los ayuntamientos no es la falta de libertad para gastar, sino la ausencia de una visión estratégica, planificación y fiscalización efectiva. En ese sentido, llamó a que cualquier modificación a la Ley 176-07 esté orientada a fortalecer la inversión social, la rendición de cuentas y el presupuesto participativo, y no a ampliar márgenes discrecionales.
El debate en torno a esta reforma ha puesto sobre la mesa la necesidad de equilibrar la autonomía municipal con mecanismos sólidos de control, para garantizar que los recursos lleguen a las comunidades y se traduzcan en soluciones reales a problemas como el manejo de los residuos sólidos, el drenaje pluvial y la infraestructura urbana.
Mientras el proyecto continúa su curso legislativo, distintos actores políticos y sociales permanecen atentos a su evolución, conscientes de que cualquier cambio a la Ley 176-07 tendrá un impacto directo en la gestión y el futuro de los gobiernos locales en la República Dominicana.
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