Seguridad ciudadana en RD: las cifras oficiales muestran reducción, pero la realidad de las calles mantiene abierta la preocupación
Por Primitivo Gil
Director de Medios / Analista sociopolítico
TODO EN EL PUNTO MULTIMEDIA (TPM)
La República Dominicana llega al cierre de septiembre de 2026 con una situación de seguridad ciudadana que presenta dos realidades que deben ser observadas simultáneamente: por un lado, los indicadores oficiales muestran una reducción de la tasa de homicidios y de los robos; por otro, una sucesión de hechos violentos de alta repercusión, además del incremento de muertes ocurridas durante intervenciones policiales, mantiene el debate sobre la efectividad, el alcance y los métodos de la política de seguridad.
El Gobierno presentó esta semana su estrategia de seguridad en un contexto marcado por varios casos que han generado preocupación pública. Entre ellos se encuentra el asesinato de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, ocurrido en Santo Domingo Este, donde el artista también resultó herido. El expediente permanece bajo investigación y la revisión de las medidas de coerción fue aplazada para el 30 de septiembre, mientras el Ministerio Público concluye su acusación.
Las cifras oficiales: homicidios y robos presentan reducción
De acuerdo con el último balance de la Fuerza de Tarea Conjunta, con datos acumulados hasta el 25 de septiembre, la tasa nacional de homicidios se situó en 7.36 por cada 100,000 habitantes, un 15.8 % inferior al 8.74 registrado en igual período de 2025 y 44.2 % por debajo del 13.20 de 2022.
El informe señala además que 28 de los 35 territorios analizados mantienen tasas de homicidios de un solo dígito.
En los primeros 25 días de septiembre fueron contabilizados 99 homicidios: 45 clasificados como acción legal, 35 como conflicto social, 11 relacionados con delincuencia y ocho todavía en proceso de investigación.
En materia de robos, el Gobierno reportó 3,504 casos hasta el 25 de septiembre, frente a 5,891 en el mismo período de 2025. La diferencia representa una reducción de 40.5 %.
También se informó que durante septiembre fueron ejecutadas 1,351 de las 1,551 órdenes de arresto emitidas, para una efectividad operacional de 87.1
Estos números constituyen indicadores importantes y deben ser considerados al evaluar la seguridad nacional. Sin embargo, una reducción estadística no significa que todos los ciudadanos perciban una disminución proporcional de la inseguridad en sus barrios, hogares, negocios y espacios públicos.
La otra cara: preocupación por las muertes durante operativos
Uno de los aspectos que más atención ha generado durante septiembre es el número de personas fallecidas durante intervenciones de la Policía Nacional.
Un recuento publicado durante el mes situó en 25 las muertes ocurridas en intervenciones policiales hasta el 21 de septiembre, frente a 14 registradas durante septiembre de 2025.
Posteriormente, otros reportes elevaron el número de fallecidos en este tipo de actuaciones a alrededor de 40 al cierre del fin de semana del 27 de septiembre. Las diferencias responden, entre otros factores, al corte temporal y a la metodología utilizada para contabilizar los casos.
La Policía sostiene, en los casos reportados, que buena parte de estas muertes se producen cuando los agentes son enfrentados a tiros por personas perseguidas.
La cuestión periodística, sin embargo, no consiste únicamente en contabilizar fallecidos, sino en determinar qué ocurrió en cada intervención, si existía una orden judicial, si hubo intercambio de disparos, qué armas fueron ocupadas, si existen evidencias independientes y si el Ministerio Público realizó las investigaciones correspondientes.
La propia naturaleza de una intervención policial exige que cada caso sea documentado y sometido a los controles legales correspondientes.
“O se entregan o se buscan”
En este escenario, el presidente Luis Abinader anunció una intensificación de la persecución contra personas que mantienen órdenes de arresto pendientes, especialmente aquellas vinculadas a hechos violentos o que acumulan varias órdenes.
El mandatario afirmó que existe una lista elaborada a partir de los registros de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República y advirtió: “O se entregan o se buscan”. La instrucción, según explicó, busca localizar a esas personas antes de que puedan cometer nuevos hechos violentos.
La Policía informó, entretanto, que 85 personas se habían entregado voluntariamente durante los primeros 25 días de septiembre, cifra superior a las 31 registradas entre el 17 de agosto y el 25 de septiembre, según la estadística presentada por la institución.
Un dato que requiere explicación: la reincidencia
Aquí aparece uno de los puntos que ameritan mayor precisión en el debate público.
Durante la presentación sobre seguridad, el presidente habló de un porcentaje cercano al 80 % de las personas que cometen homicidios con varias órdenes de arresto. Sin embargo, en la misma conversación se expuso una estadística de reincidencia que fue situada en 4 % por el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, mientras que otro dato mencionado desde la Fuerza de Tarea fue superior al 40 %, dependiendo del tipo de delito y de la metodología utilizada.
Por tanto, esas cifras no deben presentarse como si fueran necesariamente contradictorias sin antes conocer exactamente qué población, período, delito y definición estadística corresponde a cada porcentaje.
Lo que sí queda establecido es la necesidad de que las autoridades expliquen con mayor claridad cómo se construyen estos indicadores, porque la ciudadanía tiene derecho a conocer qué significa exactamente “reincidente”, cuántas personas tienen múltiples órdenes de arresto y cuántas de ellas son efectivamente capturadas.
Seguridad no es solamente homicidios
Otro elemento que debe incorporarse al análisis es que la seguridad ciudadana no puede medirse exclusivamente mediante la tasa de homicidios.
La percepción de seguridad también está relacionada con robos, atracos, violencia en los barrios, conflictos familiares, violencia de género, armas ilegales, microtráfico, accidentes de tránsito, invasión de espacios públicos y capacidad de respuesta de las instituciones.
En este sentido, el informe oficial reportó 147 personas heridas durante los primeros 25 días de septiembre, cuatro menos que en igual período de 2025. Los conflictos sociales representaron el 48.3 % de esos casos y la delincuencia el 30.6 %.
Asimismo, las autoridades reportaron la ocupación de 448 armas de fuego, de las cuales 315 eran ilegales; además de miles de operaciones contra el microtráfico.
Control migratorio y seguridad fronteriza
El Gobierno también informó que, mediante la interoperabilidad entre los organismos de seguridad y la Dirección General de Migración, se estaría impidiendo semanalmente el ingreso al país de alrededor de 20 extranjeros identificados con antecedentes criminales.
El dato fue ofrecido por el presidente al explicar el funcionamiento del intercambio de información utilizado en los controles migratorios.
El verdadero desafío: convertir las estadísticas en seguridad percibida
El diagnóstico que surge de este escenario es que no necesariamente existe una contradicción entre las estadísticas oficiales y la preocupación de la población.
Una tasa nacional de homicidios de 7.36 puede coexistir con sectores donde los ciudadanos experimentan robos, atracos, violencia o temor de manera cotidiana.
De igual forma, una reducción de 40.5 % en los robos constituye un indicador cuantitativo que debe ser reconocido, pero no elimina automáticamente la percepción de inseguridad de una persona que acaba de ser víctima de un atraco.
La seguridad pública, por tanto, debe evaluarse en tres dimensiones:
Primero, los resultados: homicidios, robos, apresamientos, órdenes ejecutadas, armas ocupadas y esclarecimiento de casos.
Segundo, la actuación institucional: legalidad de los procedimientos, respeto al debido proceso, investigación de las muertes durante operativos y transparencia de las estadísticas.
Tercero, la experiencia ciudadana: si las familias pueden caminar, trabajar, transportarse, abrir sus negocios y regresar a sus hogares con una sensación razonable de seguridad.
El caso Julián Oro Duro como prueba de la respuesta institucional
El asesinato de Zeneida Socorro Castillo ha colocado nuevamente esta discusión en primer plano.
Más allá de la notoriedad pública de la víctima, el caso representa una prueba para el sistema de seguridad y justicia: identificar correctamente a los responsables, establecer el móvil, presentar evidencias ante los tribunales y garantizar que el proceso concluya con una decisión judicial sustentada en pruebas.
La revisión del expediente está pautada para el 30 de septiembre, mientras el Ministerio Público trabaja en la conclusión de su acusación.
Una conclusión necesaria
La República Dominicana no debería enfrentar el problema de la seguridad desde una sola estadística ni desde un solo caso.
Los números oficiales deben ser reconocidos cuando muestran avances, pero también deben ser sometidos permanentemente a escrutinio. Y los hechos que generan alarma social deben investigarse sin convertir casos individuales en una fotografía automática de todo el país.
El verdadero desafío consiste en que la reducción de los indicadores delictivos se traduzca en menos víctimas, mayor capacidad de prevención, investigaciones eficaces, captura de personas requeridas por la justicia, uso proporcional de la fuerza y mayor confianza de la población en sus instituciones.
Porque la seguridad ciudadana no se mide únicamente por lo que dicen las estadísticas, ni exclusivamente por lo que ocurre en las calles.
Se mide por la capacidad del Estado para prevenir el delito, proteger la vida, aplicar la ley y garantizar justicia, al mismo tiempo que rinde cuentas de sus propias actuaciones.
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