Por: Lic. Andrés Mejía Yepez
Abogado y Gestor Cultural
En el siglo XVIII, el jurista italiano Cesare Beccaria revolucionó el pensamiento penal con su obra De los delitos y las penas. Defendió que las penas debían ser proporcionales al delito, evitar la crueldad y prevenir más que castigar. Hoy, más de dos siglos después, su pensamiento resuena con inquietante actualidad, especialmente en una era donde el crimen ha evolucionado más rápido que las leyes.
Vivimos en un tiempo tecnológico. Los delitos ya no se cometen solo con armas o en callejones oscuros. Ahora se ejecutan con un clic, un algoritmo, una línea de código o una falsa identidad digital. Desde el phishing, el sextorsionismo y el fraude electrónico, hasta la manipulación de datos personales, la criminalidad ha migrado al ciberespacio, mientras los sistemas penales aún tropiezan con categorías anacrónicas.
¿Están nuestras leyes preparadas para enfrentar esta nueva realidad? En la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo República Dominicana, el marco jurídico penal va varios pasos detrás de la innovación tecnológica. Los procesos judiciales, en muchos casos, aún dependen de pruebas físicas, testigos presenciales y formatos impresos, cuando el delito ya se cometió desde una red WiFi, con identidad oculta y servidores en el extranjero.
La desproporción entre delito y castigo también se mantiene viva, aunque con nuevos rostros. El joven que hackea por curiosidad un sistema público puede recibir una pena más severa que el funcionario que desvía millones a través de empresas offshore. Los sistemas de justicia, muchas veces ciegos ante el poder económico o político, castigan con dureza al pequeño infractor digital, mientras se muestran flexibles con los grandes depredadores tecnológicos, aquellos que lucran con nuestros datos, manipulan elecciones o distribuyen desinformación en masa.
Otro desafío ético y jurídico es el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones judiciales. Países como Estados Unidos ya han implementado algoritmos que “predicen” la reincidencia de un imputado. Pero, ¿qué ocurre cuando estos algoritmos reproducen prejuicios raciales o sociales? ¿Quién responde cuando una máquina influye en la condena de un ser humano?
Y a esto se suma la vigilancia masiva. Lo que Beccaria habría considerado un atentado contra la libertad hoy se vende como innovación. Cámaras con reconocimiento facial, rastreo de dispositivos, software espía: el ciudadano común está cada vez más expuesto, y sin embargo, los delitos informáticos más graves —como el robo masivo de información o el espionaje corporativo— siguen en gran parte impunes.
Hoy más que nunca, urge una nueva teoría penal que dialogue con la tecnología, con la globalización del delito y con la complejidad del sujeto contemporáneo. Un derecho penal que entienda el ciberespacio como un nuevo territorio legal, que regule a las grandes plataformas con el mismo celo que persigue al microdelincuente, y que garantice el respeto a los derechos fundamentales incluso en contextos digitales.
El desafío no es solo normativo, sino cultural: educar a la ciudadanía digitalmente, formar jueces y fiscales en nuevas tecnologías, establecer tratados internacionales que respondan a la lógica transnacional de los delitos informáticos. Y sobre todo, revisar el concepto mismo de “pena” en una época donde la estigmatización social digital puede ser más cruel y duradera que una sentencia judicial.
Beccaria pedía que las penas fueran humanas, racionales y útiles. Hoy debemos preguntarnos: ¿cómo se traduce eso en una era de redes sociales, algoritmos y vigilancia invisible? La justicia del siglo XXI no puede seguir anclada en paradigmas del pasado. Los delitos han cambiado. Es tiempo de que las penas también.
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