eficientes que evitarían cargar aún más a la clase media y a los sectores más vulnerables.
Uno de los aspectos más llamativos de la situación fiscal actual es el crecimiento exorbitante de la nómina pública. Durante los últimos cuatro años, el gasto en salarios ha aumentado en más de 135 mil millones de pesos, una cifra que supera incluso los montos que el gobierno aspira a recaudar con la reforma fiscal propuesta. Este incremento no se ha visto acompañado de un aumento significativo en la eficiencia del Estado ni en la calidad de los servicios públicos. En otras palabras, el gobierno está gastando más, pero los resultados no justifican ese gasto.
Si el presidente Abinader quisiera realmente recaudar 122 mil millones de pesos, una solución obvia sería reducir el tamaño de la nómina pública o, al menos, frenar su crecimiento. Al reestructurar y optimizar el gasto en el sector público, el gobierno podría ahorrar una cantidad significativa de recursos sin tener que recurrir a nuevos impuestos que afecten a la clase media. De hecho, si se compara el crecimiento de la nómina con el impacto económico que ha tenido, queda claro que el Estado podría estar gastando mucho menos y obtener mejores resultados.
Otro punto que demuestra que una reforma fiscal no es imprescindible es el manejo de la deuda pública. Desde que asumió el poder, el gobierno de Abinader ha incrementado la deuda externa en más de 45 mil millones de dólares, sin que se vean grandes obras de infraestructura o proyectos de desarrollo que justifiquen tal endeudamiento. El país ha tomado préstamos, pero los dominicanos no ven a dónde han ido a parar esos fondos. Esto genera una pregunta legítima: si se hubieran administrado adecuadamente esos recursos, ¿estaríamos en una crisis fiscal tan aguda como la que se presenta?
La clave aquí no es necesariamente recaudar más, sino gestionar mejor lo que ya se tiene. En lugar de continuar pidiendo dinero prestado o implementando nuevos impuestos, el gobierno podría reestructurar su deuda y renegociar condiciones más favorables para el país. Esta acción, junto con una mayor transparencia en el uso de los fondos prestados, aliviaría gran parte de la presión sobre las finanzas públicas.
Una de las acciones más criticadas del gobierno ha sido el haberles solicitado adelantos de impuestos a grandes empresas, como Barrick Gold, AERODOM e incluso a la banca. Estos adelantos, que sumaron miles de millones de pesos, fueron solicitados como una forma rápida de obtener liquidez, pero el gobierno ya ha gastado esos recursos. Ahora, cuando las empresas descuentan esos adelantos de sus obligaciones fiscales futuras, el gobierno se encuentra con un vacío que podría haberse evitado si se hubiera administrado mejor el flujo de ingresos.
afectará desproporcionadamente a las clases trabajadoras y medias. El problema no es que el Estado necesite más recursos, sino cómo los obtiene y de quién los obtiene.
Una reforma fiscal progresiva podría ser una opción viable si se enfocara en gravar las grandes fortunas y los sectores empresariales más beneficiados, y en eliminar privilegios fiscales que hoy benefician a pocos. En cambio, la actual propuesta parece diseñada para hacer que quienes menos tienen paguen por los errores de quienes han administrado mal los recursos públicos.
En lugar de seguir insistiendo en una reforma que claramente no cuenta con el apoyo popular, Abinader podría optar por una estrategia diferente. Revisar el gasto público, implementar políticas de austeridad, renegociar la deuda y asegurarse de que los sectores que más se benefician contribuyan de manera justa al desarrollo del país son medidas que no requieren de una reforma fiscal impopular.
La clase media y el pueblo en general han comenzado a despertar ante la realidad de que el problema no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad política para gestionarlos de manera eficiente. La verdadera reforma que necesita la República Dominicana no es una que imponga más impuestos, sino una que promueva la transparencia, la eficiencia y la justicia social.
El retiro del proyecto de «Modernización Fiscal» no debería verse solo como una gran derrota política para Abinader, sino como una oportunidad para corregir el rumbo. Es hora de que el gobierno reconozca que la solución no está en exprimir más al pueblo, sino en gobernar mejor.
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